Infraestructura con Participación Público- Privada | “Estructuración robusta”
A pesar de los desafíos, es posible lograr atraer inversionistas acostumbrados al riesgo Latinoamérica o Ecuador, y concretar proyectos, si la estructuración de los mismos es realizada con profundidad técnica y considerando los requerimientos de bancabilidad exigidos por los organismos de desarrollo, multilaterales, fondos privados, fondos de entidades institucionales como fondos soberanos de países que invierten en infraestructura.
Más allá de la larga lista de requisitos para que los contratos puedan merecer una decisión positiva en la asignación de recursos, los temas de impactos ambientales y sociales son cada vez más importantes, así como la calidad de la gobernanza de contratos y las instituciones que los ejecutan y administran.

Pero hay otros temas que son sensibles y delicados que muchas veces los actores no le dan la relevancia o la urgencia necesaria, y los puedo resumir en tres: i) si las tarifas existentes son suficientes o no con las necesidades del proyecto, ii) que hayan mecanismos de liquidez inmediata frente a riesgos de no pago del servicio por parte del gobierno, y, iii) la existencia de procesos de solución de controversias claros y flexibles para enfrentar situaciones no deseadas, como la expropiación del activo que presta el servicio, o la terminación anticipada unilateral sin causa justificada.
El Ecuador deberá transparentar sus costos y tarifas en esta nueva era de infraestructura con el sector privado, ya que sobre todo en el sector eléctrico las obras de generación de electricidad se han hecho con recursos estatales, y recién ahora se está entrando en una nueva era de inversión con privados, donde la cosa es distinta. Cuando la inversión la hace el Estado, considera para las tarifas solo los costos de operación, y para los costos y devolución del financiamiento se toma deuda soberana que se diluye con toda la deuda pública. En el caso del privado, en la tarifa debe reconocerse además de los costos operativos, los de financiamiento e inversión y la devolución de los mismos, y además deben ser pagados dentro de la tarifa. En proyectos de otras infraestructuras, cono vialidad, es parecido.
En el tema de fondos de liquidez frente a incumplimientos de pagos de la entidad estatal, ha sido uno de los problemas más serios en los temas viales desde la primera ola de las APP iniciadas en 1996. Y de no arreglarse estos mecanismos, no habrán nuevas licitaciones exitosas.
En el caso de mecanismos de solución de controversias, el Ecuador tiene mecanismos de arbitraje, pero en las APP son regionales. Si bien puede ser suficiente para la mayoría de los proyectos, es una desventaja competitiva para atraer más y mejores participantes, frente a otros países cercanos que garantizan arbitrajes internacionales sin restricciones.
Roberto
Referente en gobernanza empresarial e infraestructura público-privada. Presidente de Succexion. Firma pionera en el enfoque de gobernanza a través del ciclo de vida de la empresa. Ha sido Chairman y CEO de Masisa, Amanco y Nueva Holding, y VP ejecutivo de Consorcio Nobis. Profesor, columnista y Secretario de Inversiones P P del gobierno del Ecuador. MBA ESADE-Adolfo Ibáñez. Programas en Wharton, Kellog y Harvard Kennedy School. Economista de la Universidad Católica de Guayaquil.