La eliminación de los subsidios a combustibles fósiles es reclamado desde hace años por instituciones como la ONU, la OCDE y la misma Agencia Internacional de Energía, para detener la adicción a un sistema energético contaminante y causante del cambio climático.
Anualmente mueren más de 7 millones de personas por efecto de contaminación del aire, y los gobiernos del mundo, Ecuador incluido, destinan más de 300.000 millones de dólares al año a subsidiar la causa de esto. Mientras que con el 10% de esa cantidad anual podría erradicarse el hambre en el mundo, y el otro 90% sería suficiente para una transición a un sistema energético 100% renovable. Sin embargo, el subsidio a la energía fósil es el doble del apoyo a energías limpias.
A pesar de los compromisos, 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la quema de estos combustibles sucios. De seguir así, en 20 años empujaremos a 30 millones de personas al hambre extrema, y será imposible lograr el objetivo de evitar el aumento de 2 grados de la temperatura promedio global para final del siglo.
La transición a una economía baja en carbono no debe significar grandes sacrificios a las personas más pobres. De hecho, los subsidios a combustibles fósiles beneficia más a los ricos y al comercio ilegal.
Los ajustes a los precios de combustibles consideran subsidios directos a sectores vulnerables para que absorban el incremento de los precios, que bien calculado debe funcionar bien.
En el caso de Ecuador, este proceso ha causado una conmoción social complicada, motivada por diversos factores. Además de supuestos grupos políticos interesados en desestabilizar al gobierno, y otros que aprovechan el momento político, el peso del ajuste de los precios a la gasolina y diésel suena mayor a los esfuerzos del gobierno por recortar sus gastos. Además, los apoyos a ganar confianza y productividad en el lado de la producción, suenan más fuertes que el aumento del bono solidario para compensar el aumento del costo de vida.
Ayudaría mucho comunicar con simpleza y claridad, cuál es el real impacto en el costo de vida de una familia, y porqué los aumentos del bono solidario en los niveles señalados son suficientes para compensar. Explicar porqué la gradualidad fue una oportunidad perdida 5 o 7 años atrás y que las finanzas públicas no soportan más este gasto mal usado que obliga a mayor endeudamiento caro, lo que es peor a mediano plazo.
Además de ofrecer nuevas concesiones, sería contundente dar una visión más general y holística del proceso de transformación económica del país, de tal manera que se entienda que es parte de un plan con sentido, que puede ser exitoso, y que evitará que en seis meses venga otro paquetazo.
Así, subsidiar energía fósil no hace sentido y los pobres pueden ser protegidos.
Un artículo de #SustainableManagementIniciative
